La Ley 21.663, conocida como Ley Marco de Ciberseguridad, se publicó en el Diario Oficial el 8 de abril de 2024. Creó la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y el CSIRT Nacional, y fijó deberes concretos para un grupo definido de organizaciones. Rige desde el 1 de enero de 2025; sus normas sobre operadores de importancia vital, deberes específicos, reporte de incidentes y sanciones, desde el 1 de marzo de 2025.
¿A quién obliga la Ley 21.663?
A dos grupos, según su artículo 4. El primero son los prestadores de servicios esenciales: los organismos del Estado, los servicios prestados bajo concesión de servicio público y los privados de sectores como electricidad, combustibles, agua potable, telecomunicaciones, infraestructura digital, servicios digitales y servicios de tecnología gestionados por terceros, transporte, banca y medios de pago, seguridad social, servicios postales, salud y farmacéuticos.
El segundo son los operadores de importancia vital, que la ANCI califica mediante resolución. La Agencia aprobó la nómina de la primera etapa en diciembre de 2025 y la de la segunda etapa en julio de 2026; ambas están publicadas en el Diario Oficial.
¿Qué debe hacer una organización obligada?
Todas deben aplicar de forma permanente medidas para prevenir, reportar y resolver incidentes, y seguir los protocolos y estándares que dicte la ANCI. También deben inscribirse en la plataforma de reporte de la Agencia.
Los operadores de importancia vital tienen deberes adicionales: un sistema de gestión de seguridad de la información, planes de continuidad operacional y de ciberseguridad, ejercicios y revisiones periódicas, capacitación de su personal y un delegado de ciberseguridad que actúe como contraparte de la Agencia.
¿En qué plazo se reporta un incidente?
El artículo 9 fija los plazos para los incidentes de efecto significativo, contados desde que la organización toma conocimiento:
| Etapa | Plazo máximo |
|---|---|
| Alerta temprana al CSIRT Nacional | 3 horas |
| Actualización de la información | 72 horas; 24 horas si es un operador de importancia vital con su servicio esencial afectado |
| Plan de acción (solo operadores de importancia vital) | 7 días corridos |
| Informe final | 15 días corridos desde la alerta temprana |
Un incidente tiene efecto significativo si puede interrumpir un servicio esencial, afectar la integridad física o la salud de las personas, o comprometer sistemas que contienen datos personales. Tres horas es poco tiempo: quién decide, quién reporta y con qué información debe estar resuelto antes del incidente.
¿Cuáles son las sanciones?
La ley distingue infracciones leves, graves y gravísimas. Las multas llegan hasta 5.000, 10.000 y 20.000 UTM respectivamente, y se duplican para los operadores de importancia vital, hasta 40.000 UTM. No reportar un incidente en los términos del artículo 9 es una infracción grave.
¿Qué pasa si mi empresa no está obligada?
La ley solo impone deberes a los sujetos de su artículo 4. Aun así, conviene revisar dos situaciones con tu asesoría legal. La primera: si prestas alojamiento, software como servicio, desarrollo o administración de sistemas, la categoría de servicios digitales puede alcanzarte aunque no hayas sido calificado como operador de importancia vital. La segunda: si eres proveedor de una organización obligada, es razonable que te pida plazos de aviso y medidas compatibles con los suyos.
Para una plataforma, la preparación práctica es la misma en ambos casos: saber qué sistemas sostienen el servicio, quién detecta y quién decide, y dejar cada alerta con un responsable. Un ejercicio de mesa permite comprobar si tu equipo podría reunir la información de una alerta temprana en tres horas.
¿Es lo mismo que la ley de protección de datos?
No. La Ley 21.719 regula el tratamiento de datos personales, aplica a toda organización que los maneje y tendrá su propia autoridad, la Agencia de Protección de Datos Personales. La Ley 21.663 trata la ciberseguridad de servicios esenciales y se reporta a la ANCI. Un mismo incidente puede exigir avisos a ambas autoridades.